Reforma Hacendaria: Impuesto a la conciencia [Opinión]

Seguramente hemos escuchado en múltiples ocasiones los argumentos que giran alrededor del debate acerca del “impuesto al refresco”, nombre adoptado por la población en general para denominar la iniciativa de la Reforma Hacendaria que concibe efectuar diversas modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para gravar con $1.00 por litro a las bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas.

Expertos fiscalistas, académicos, autoridades, empresarios y líderes de opinión se han embarcado en un debate que hasta el momento parece inútil ya que a pesar de los esfuerzos de las autoridades y de las organizaciones civiles por generar la percepción de que es una medida de salud que beneficiaría a los consumidores para desincentivar la compra de estos productos y así reducir el sobrepeso y enfermedades asociadas a la obesidad, el análisis profundo del entorno político y social nos muestra que la iniciativa es un recurso evidentemente recaudatorio, lo cual apremia, en la mayoría de los casos.

Lejos de la interminable discusión sobre la efectividad de la medida para la protección de la salud de la población existe una situación innegable que debe ser cuestionada por todo consumidor.

Si bien es cierto que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su último informe “The State of Food and Agriculture 2013” ubicó a México como el país con más obesidad en el mundo y que el reporte revela que por lo menos un 70% de los mexicanos adultos tienen sobrepeso, y el 32.8% padece obesidad no podemos ignorar que existe un sector de la población que mantiene estilos de vida saludables y activos.

¿Es justo que toda la población tenga que pagar una cifra más elevada por su producto favorito sólo porque un grupo ha sido irresponsable con su estilo de vida?

La cuestión podría sonar egocéntrica si la experiencia no avalara la ineficacia de este tipo de medidas, como ejemplo tenemos al tabaco, donde tres aumentos seguidos en su precio en los últimos años no sólo no detuvo las estadísticas de consumo, sino que, por el contrario, aumentó problemáticas como el contrabando y la piratería de cigarrillos, lo que expuso a los fumadores a una situación de riesgo más peligrosa que la que se pretendía frenar.

La libertad de elección debiera ser un bastión sagrado del consumo. El Estado no está concebido para coartar esta libertad sin antes otorgar a sus habitantes todas las herramientas necesarias para que puedan ejercitar su conciencia y tomar decisiones informadas, de lo contrario, estaremos dentro de un círculo vicioso en el que el consumidor es como un niño pequeño que no entiende los daños a los que se expone y busca llevar a cabo su voluntad, incluso exponiéndose a un mayor riesgo del que se le pretendía proteger.

Marilyn Marquez
Consultor en Asuntos Públicos